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CONFLICTOS DE INTERÉS, DERECHO DE VOTO E INTERÉS SOCIAL

Dr. José Miguel Embid Irujo - Universidad de Valencia

La tríada de elementos que dan título a este commendario no constituye precisamente una novedad para quien se interesa por el Derecho de sociedades, tanto sea en su configuración legal como en su aplicación práctica. Es verdad que esas tres nociones podrían considerarse por separado, pero entonces cada una daría lugar a una reflexión autónoma que, sobre todo en el primer caso, iría más allá del reducto societario estricto para proyectarse sobre el entero Derecho privado; su elevado grado de abstracción no disminuiría significativamente si nos refiriéramos de manera aislada al interés social, magnitud ésta que experimenta en los últimos tiempos muy variadas matizaciones al hilo de circunstancias propias de nuestro tiempo, como la responsabilidad social o la sostenibilidad. Mayor concreción obtendríamos, finalmente, si nos limitáramos a tratar por separado el temario relativo al derecho de voto, el cual, sin perjuicio de su notable extensión, nos llevaría a una esfera específica de nuestra disciplina –los derechos del socio- dentro de la cual nos encontramos con diversas posibilidades o, quizá mejor, facultades.

Si he traído a colación las tres nociones reseñadas en el marco de esta entrega ha sido por entender, con suficiente fundamento, a mi juicio, que hay una íntima conexión entre ellas, lo que justificaría su tratamiento conjunto cualquiera fuera la perspectiva que adoptáramos. Por otra parte, el paciente lector habrá observado que en los commendarios la teoría, digámoslo así, suele ir siempre a remolque de alguna realidad fáctica puesta de manifiesto en los diversos elementos que me sirven de inspiración, desde una sentencia, hasta un libro, pasando por las múltiples circunstancias “que acontecen en la rúa”, según el conocido lema de una publicación de mis años mozos. De este modo, intento evitar uno de los peligros que acecha siempre al jurista dedicado a tareas académicas y que consiste, como es notorio, en dejarse llevar por una cierta “lógica de las instituciones”, si cabe la fórmula, soslayando la “lógica de los hechos “, o, quizá mejor, la “lógica de la realidad jurídica”.

Es claro que el tratamiento intelectual de las instituciones obliga, por lo común, a tomarlas de manera separada, por la imperiosa necesidad de llegar a resultados seguros y firmes en su estudio, al tiempo que se haga posible, en la función docente, facilitar a quien intenta aprender algunas pautas ciertas en torno a su significado dentro del ordenamiento. En otras vertientes, como la que, con toda modestia, representa esta sección, hay que partir de lo que constituya el “estado de la técnica”, asumiéndolo en su integridad, y hacerlo operativo en el marco del problema o la cuestión analizada. Ello obliga a un diálogo continuo entre conceptos y realidades, de cuya adecuada interacción acaso sea posible obtener alguna luz. Esa luz puede ser algo más intensa de lo habitual cuando la cuestión disputada sea objeto de tratamientos sucesivos, siguiendo, como recomendaba Ortega para el esclarecimiento de los asuntos más problemáticos, “el método de Jericó”, sin reparar en el número de vueltas que deban darse ni en el clamor de las trompetas que deba producirse en torno a la res dubia con tal de que ésta nos termine mostrando su contenido esencial.

La ligereza de estas reflexiones no habrá pasado desapercibida al lector, si bien me ha parecido necesario volver sobre lo que con ellas se pretende exponer a la vista de un reciente pronunciamiento de nuestro Tribunal Supremo en el que, con el particularismo que suele ser propio a toda sentencia, “salen a escena”, con diverso protagonismo, pero siempre simultáneo, las tres nociones a las que vengo haciendo referencia. Me refiero a la STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 310/2021, de 13 de mayo, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Sancho Gargallo. STS_1859_2021

No es un fallo sencillo de exponer, pues son numerosos los asuntos en él considerados, de entre los cuales, por supuesto, ocupan los de naturaleza societaria un lugar de excepción, sin que falten las cuestiones procesales, algunas de notable relieve. Por otro lado, la dimensión societaria de la sentencia resulta un tanto intrincada por la confluencia de diversas perspectivas en los hechos enjuiciados, acentuada, además, por la distinta suerte corrida en las instancias por las pretensiones de las partes. No me detendré, por ello, en relatar la historia más o menos completa del pleito, limitándome a considerar las cuestiones centrales que dieron lugar al pronunciamiento del alto tribunal dentro del ámbito de nuestra disciplina.

Entre esas cuestiones centrales ocupan un lugar de relieve en la sentencia considerada las relativas a la aparente situación de conflicto de intereses en la que se encontraría la administradora de una sociedad de responsabilidad limitada, a la vez directora general de la misma, con motivo del acuerdo de la junta en el que se decidió aumentar de manera muy relevante la retribución por ella percibida en esta segunda condición. De hecho, dicha persona intervino en la citada junta en nombre y representación de un socio de la sociedad afectada, sociedad limitada, a su vez, de la que aquélla era socia única, y cuyo voto resultó, al parecer, determinante para que se adoptara el acuerdo en cuestión.

Junto a otros acuerdos adoptados en la misma junta, éste último también fue impugnado y en primera instancia el juzgado de lo mercantil competente estimó la demanda por haberse infringido, a su juicio, el derecho de información de los socios impugnantes, sin entrar a considerar otros motivos de la impugnación. Apelada la sentencia, la Audiencia Provincial entendió que no se había producido infracción del tal derecho, sin perjuicio de analizar los restantes motivos de la demanda. En lo tocante al potencial conflicto de intereses advertido, la Audiencia lo dio por real, trayendo a colación lo dispuesto en el art. 190, 1º LSC cuando establece un deber de abstención en el ejercicio del derecho de voto respecto de aquellos acuerdos que liberen al socio de una obligación o le concedan un derecho.

Prestó atención la Audiencia, del mismo modo, a lo dispuesto en el art. 220 LSC, dado que, a su juicio, no se había llegado a tomar ningún acuerdo en punto a la retribución de la directora general, y era necesaria la observancia de lo establecido en tal precepto para que fuera válido el acuerdo de la junta ahora impugnado, ya que este último carecía del necesario “presupuesto habilitante”, constituido, a juicio de la Audiencia, por la “autorización de la Junta”.

Por último, la sociedad afectada interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y también recurso de casación. Desestimado el primero, fue estimado de manera parcial el segundo por el Tribunal Supremo, sin perjuicio de estimar, del mismo modo, la impugnación originaria del acuerdo de la junta por el cual se aprobó la nueva retribución de la directora general.

Limitándonos, como ya se ha advertido, a considerar la circunstancia específica del conflicto de interés de la directora general, comenzaremos por señalar que el recurrente discrepó, por una parte, de la aplicación al supuesto de hecho del art. 190, 1º LSC, por entender que de este modo la prohibición de voto contenida en dicho precepto se hacía vale con carácter extensivo; por otra parte, afirmó, sobre la base de una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 2017, que no había razón alguna para considerar infringido el art. 220 LSC, ya que en dicho fallo se confirmaba que la aprobación de anteriores aumentos de sueldo, igualmente relevantes, como directora general, no fue impugnada por socio alguno.

Por su parte, el Tribunal Supremo, tras destacar que la directora general intervino, efectivamente, en la junta general de la sociedad afectada en nombre y representación de un socio, sociedad limitada a su vez, de la que, como sabemos, era socia única, afirmó que “en principio, el conflicto de interés debe concurrir en el socio a quien se pretende privar del derecho de voto”, sin perjuicio de señalar, a renglón seguido, que, en otras ocasiones, como en la STS 781/2021, de 26 de diciembre, bajo el imperio de la LSRL de 1995, sí se extendió la prohibición a quien de hecho ejerció el voto; y es que, como en este último fallo se indicó, “lo relevante es que no puede intervenir en una votación sobre un asunto (…), quien detenta el interés extrasocial en conflicto con el interés social”.

Con todo, la idea de apreciar en el aumento de la retribución a la directora general la concesión de un derecho, que, como se recordará, sirvió a la Audiencia Provincial para afirmar la existencia del conflicto de interés en la directora general, no convenció al Tribunal Supremo. A su juicio, siguiendo criterios expresados en la doctrina, “la concesión de derechos o la extinción de obligaciones han de someterse al deber de abstención cuando se sitúen en el puro ámbito del contrato de sociedad y, fuera de éste, sólo si su origen está en un acto unilateral de la sociedad”.

De este modo, la aprobación del aumento de sueldo a favor de tal persona “es una cuestión que está más allá del puro ámbito del contrato de sociedad. Y fuera de la relación societaria del socio con la sociedad, no cualquier acuerdo por el que nazca, se modifique o extinga una relación obligatoria, ya sea de origen contractual o extracontractual, con uno de los socios, permite apreciar un conflicto de intereses que lleve aparejado la privación del derecho de voto de este socio. Solo en aquellos casos en que la liberación de la obligación o la concesión del derecho tengan su origen en un acto unilateral de la sociedad, pero no cuando lo tengan en una relación bilateral entre el socio y la sociedad de las que surgen recíprocos derechos y obligaciones para ambas partes, como en este caso que se trata de la remuneración de un contrato bilateral de prestación de servicios”.

A pesar de esta clara conclusión, el Tribunal Supremo terminó desestimando el motivo del recurso por entender que carecía “de efecto útil”, pues confirmado, según se acaba de ver, que no podía aplicarse el art. 190, 1º LSC al supuesto de hecho, resultaba necesario, no obstante, proseguir con el análisis de las causas de la impugnación inicial de los acuerdos de la junta (y del que nos ocupa en particular). Se trataba de saber en este contexto si, con la aprobación del aumento de la retribución de la directora general, podía verse afectado o no el interés social de la sociedad en cuestión.

Sobre la base de este planteamiento, dirigió su atención el alto tribunal a lo dispuesto en el art. art. 190, 3º LSC, por entender que sí había un conflicto de interés entre la directora general y la sociedad afectada, con motivo del acuerdo relativo a su nueva retribución. No era posible, como ya se ha visto, llevar el tratamiento de este conflicto al primer párrafo del citado precepto, pero sí se daban las circunstancias para tomar en cuenta su párrafo tercero, conforme al cual, según es sabido, corresponde a la sociedad la carga de la prueba y, en este caso, había de probar la sociedad afectada que el acuerdo impugnado no lesionaba el interés social. Y ello, sin ignorar que la alusión al interés social se ha de entender referida al contenido íntegro del art. 204 LSC.

En el marco de esta última norma, y por lo que se refiere al caso que nos ocupa, era relevante el supuesto del acuerdo impuesto de manera abusiva por la mayoría, entendiendo por tal, según la sentencia, el que “no responde a una necesidad razonable de la sociedad y es adoptado por la mayoría en interés propio y en detrimento de los demás socios”. En tal sentido, prosigue el Supremo, “no sólo no se ha justificado por la sociedad demandada la razonabilidad del acuerdo para la sociedad, sino que lo acreditado en la instancia muestra lo contrario”. El considerable aumento del sueldo, de este modo, “conlleva una carga económica para la sociedad que, aunque pueda ser soportada por la entidad favorece de forma desproporcionada a quien controla la mayoría de la sociedad en detrimento de la minoría”.

En resumidas cuentas, por lo tanto, la estimación parcial del recurso de casación no trajo consigo, fuera del siempre relevante asunto de las costas, mayores consecuencias desde el punto de vista del recurrente. Así, se confirmó la existencia de un conflicto de interés por parte de la directora general de la sociedad, llevándose su tratamiento al art. 190, 3º LSC, al entender que mediante la elevación de su retribución quedaba afectado el interés social de la sociedad, no tanto porque resultara imposible su pago, sino porque el acuerdo que la aprobó había sido impuesto de manera abusiva por la mayoría.

Se cierra de este modo, y al margen de otras muchas particularidades de imposible tratamiento aquí, el vínculo entre las magnitudes consideradas en el título del presente commendario, con varios efectos de interés. El primero de ellos reside en la paulatina ductilidad de que se dota al art. 190 LSC y, sobre todo, a su tercer apartado, que termina siendo una suerte de cajón de sastre para todos aquellos conflictos no susceptibles de producir el deber de abstención contemplado en el párrafo primero del precepto. Ello es consecuencia, sobre todo, del juego que pueda prestar al efecto el interés social, a cuyo contenido, propiamente dicho, no se refiere de manera expresa la sentencia, más allá de afirmar su afectación por una circunstancia objetiva, como es la que repetidamente se ha expuesto.

No es seguro que este planteamiento sea del todo correcto, aunque no resulte discutible que el hecho de obligarse la sociedad a pagar una cantidad muy elevada a su directora general suponga, claro está, una merma en su patrimonio. Habría que ver, con todo, y más allá de las circunstancias del caso, si el desempeño de esa directora general, tan generosamente retribuida, no termina siendo más ventajoso para la propia sociedad y, por lo tanto, para su interés social; en la “búsqueda del talento” a la que, dentro de un mercado complejo y sumamente competitivo, están abocadas las sociedades mercantiles de capital, es seguro que muchos gastos, quizá dispendiosos en su origen, terminen siendo vistos, más bien, como verdaderas inversiones, susceptibles de llegar a producir (o no, como diría el expresidente Rajoy) el evangélico “ciento por uno”.

Dejando aparte estas especulaciones, parece oportuno destacar en la sentencia analizada, por último, la contribución al esclarecimiento hermenéutico de una de las causas que traen consigo el deber de abstención del socio en el art. 190, 1º LSC, como es la que implica en el acuerdo la liberación de una obligación o la concesión de un derecho. Centrado precisamente en esta segunda vertiente, el fallo resulta nítido y sirve, desde un punto de vista genérico, para afirmar que los conflictos de interés en el Derecho de sociedades de capital han de entenderse de manera estricta, sin que quepa su concurrencia fuera del marco delimitado por “el contrato de sociedad”, tal y como dice expresamente el Tribunal Supremo.

Si has leído hasta aquí, querido lector, todavía me atrevo a añadir unas líneas más por considerar que pueden ser de tu interés. Me refiero a la celebración del congreso “Conflictos de intereses en las sociedades de capital: socios y administradores” en el Colegio Notarial de Valencia los próximos días 25 y 26 de noviembre. Organizado por Paula del Val, Miguel Gimeno y Luis Hernando, con la valiosa contribución de Ubaldo Nieto, el programa de este congreso ofrece, en unas jornadas bien provistas de interesantes temas y conferenciantes expertos, la posibilidad de profundizar en el conocimiento de este sugestivo temario, presente de manera cotidiana, como la sentencia reseñada muestra, en la organización y funcionamiento de las sociedades de capital.