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UNA IMPORTANTE SENTENCIA DEL TJUE CON PROFUNDA INCIDENCIA EN EL DERECHO DE SOCIEDADES

Dr. José Miguel Embid Irujo - Universidad de Valencia

No hace falta destacar la importancia que la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) en muchas de sus sentencias ha tenido y sigue teniendo a la hora de configurar el Derecho de sociedades (de capital) en Europa, no tanto o no sólo por razón de la necesaria equivalencia de la situación en los distintos Estados miembros, sino también como instrumento configurador, en sus aspectos básicos, de la ordenación jurídica de las sociedades en el continente. Son muchos los pronunciamientos del Tribunal que, a tal efecto, podríamos mencionar, siendo cierto, del mismo modo, que algunos de ellos han dado lugar a intensas discusiones doctrinales. Así sucedió, entre otros posibles ejemplos, con el caso Centros, y con algunas sentencias subsiguientes, igualmente relacionadas con temas relevantes como la libertad de establecimiento de las sociedades en el territorio de la Unión.
En cualquier caso, si hubiera que hacer un balance, siempre provisional e inestable, en torno a esa Jurisprudencia, podríamos decir que se elabora desde una perspectiva nítidamente europea -como no podría ser de otro modo-, buscando a la vez un “terreno de juego” común, de manera que la fragmentación política y jurídica todavía existente no traiga consigo efectos indeseables para la organización y el funcionamiento de las sociedades mercantiles. En esa línea se inscribe, muy bienvenida, la sentencia de 3 de septiembre de 2026, dictada en el asunto C-798/24 (Jautiva), que sirve, entre otras cosas, para poner en relación la dimensión estrictamente societaria del problema enjuiciado con la realidad, tan relevante desde hace algunos años, de la protección de datos. Y el elemento que sirve de enlace entre ambas vertientes no es otro que el de la difusión por la vía del Registro mercantil de las referencias personales de los socios de las sociedades anónimas con arreglo a una regulación específica existente en Letonia.
Como en tantas ocasiones anteriores, la sentencia que nos ocupa tiene su origen en el planteamiento de una cuestión prejudicial, vehículo procesal especialmente idóneo para “activar”, si vale el término, el funcionamiento del TJUE. En el presente caso, fueron exactamente cuatro cuestiones prejudiciales planteadas a dicho organismo jurisdiccional por el Tribunal Constitucional de Letonia, como derivación del recurso interpuesto ante él por diecisiete personas físicas, a la sazón accionistas minoritarios de una sociedad anónima. El asunto controvertido, objeto del recurso, se refería (32) a la existencia en dos cuerpos normativos del Derecho letón, en concreto, el Código de comercio y la Ley del Registro mercantil, de sendos preceptos que, en sustancia, imponían y hacían posible la puesta a disposición del público en general de una amplia información, tanto personal como societaria, correspondiente a los socios de las sociedades anónimas.
De forma más específica, esa información disponible se refería, en el caso de las personas físicas (33), a la difusión de sus datos estrictamente personales (nombre, apellidos, número de identificación personal, entre otras circunstancias), así como los relativos a su inserción en la correspondiente sociedad anónima, desde la dirección de correo electrónico establecida para la comunicación con la sociedad, hasta los elementos definidores de su participación social (número de acciones, valor nominal, número de votos), entre otros extremos.
Sobre la base de alguna sentencia previa del TJUE (en concreto, la sentencia Luxembourg Business Registers, de 22 de noviembre de 2022), consideraban los accionistas recurrentes que la divulgación de esa información era (34) “injustificada y desproporcionada”, por no ser, en cuanto meros socios minoritarios, los titulares reales de la sociedad ni tampoco miembros de sus órganos de dirección, sin tener posibilidad, por ello, de ejercer control alguno sobre la sociedad en cuestión.
En atención a tales extremos, el Tribunal Constitucional de Letonia planteó al TJUE cuatro cuestiones prejudiciales (37), dos de ellas relativas a la materia societaria y las dos restantes a los temas propios de la protección de datos. En tanto que aquellas -en particular, la primera- hacían referencia a la directiva 2017/1132, de 14 de junio, que contiene el grueso del Derecho europeo de sociedades, como es notorio, a fin de determinar si cualquier accionista de una sociedad anónima se veía afectado por sus preceptos, con la consiguiente necesidad de difundir sus datos personales, las segundas obligaban a interpretar el Reglamento general de protección de datos (2016/679, de 27 de abril, en adelante RGPD) en punto al régimen de tratamiento de esos mismos datos.
Se trataba, en este segundo caso, de determinar si dicho tratamiento podía tener como fin “garantizar un entorno empresarial transparente y proteger los intereses de terceros”, en primer lugar y, posteriormente, si podía servir para “prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”. Por último, y en este importante ámbito, se preguntaba al TJUE si el citado Reglamento, y, en concreto, su art. 5, permitía (36) el establecimiento de una normativa nacional en virtud de la cual cualquier persona podría “obtener los datos personales de cualquier accionista de una sociedad anónima, sin estar obligada a demostrar un interés legítimo en la obtención de tales datos”.
A la hora de resolver las distintas cuestiones planteadas, el TJUE toma en consideración, fundamentalmente, las normas recién mencionadas, sobre cuya base construirá, según veremos en seguida, el núcleo fundamental de su decisión. Pero también tendrá en cuenta, en ocasiones, con especial relieve, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mencionada sintéticamente con el término “Carta”. Para orientar al lector a la hora de consultar, en su caso, la sentencia que nos ocupa, he optado por indicar entre paréntesis, y a lo largo del entero commendario, el número del párrafo al que se refiere la o las frases reproducidas literalmente del fallo.
Por lo que se refiere a los temas societarios, la respuesta del TJUE a las correspondientes cuestiones prejudiciales es tan nítida como previsible. En tal sentido, la mera lectura de algunos de los preceptos de esa suerte de “texto refundido” que es la directiva 2017/1132 (entre ellos, los arts. 13 y 14, sin perjuicio de otros varios, incluyendo el contenido de algún considerando) permitía a priori encontrar la solución sin especial dificultad. No conviene ignorar, por lo demás, que la citada directiva es tributaria de las que, previamente, se elaboraron y aprobaron a lo largo de un dilatado proceso llevado a cabo en el último tercio del pasado siglo, a fin de buscar la armonización de las normas societarias de los Estados miembros en lo referido, sobre todo, a la sociedad anónima y a la sociedad comanditaria por acciones, así como, de manera más restringida, a la sociedad de responsabilidad limitada.
Fueron, precisamente, las dos primeras directivas de esa larga lista, es decir, la directiva 68/151/CEE, de 9 de marzo de 1968, y la directiva 77/91/CEE, de 19 de diciembre de 1976, las que establecieron los criterios tenidos en cuenta por el TJUE, a través de la directiva 2017/1132, para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas. De este modo, se alude al deber que incumbe a los Estados miembros de adoptar las medidas necesarias para que las sociedades afectadas por la normativa europea, es decir, las tras anteriormente mencionadas, (39) “publiquen obligatoriamente al menos los actos e indicaciones relativos al nombramiento, al cese de funciones, así como a la identidad de las personas que, como órgano legalmente previsto o como miembros de dicho órgano, tengan el poder de obligar a la sociedad con respecto a terceros y de representarla en juicio, o que participen en la administración, la vigilancia o el control de la sociedad”.
Estamos, de este modo, ante una regulación que intenta garantizar la seguridad del tráfico jurídico y la general seguridad jurídica mediante la publicidad de ciertos datos relevantes para los terceros, a fin de que disfruten de la debida certeza en punto a la contratación con la sociedad y la validez, en su caso, de las correspondientes obligaciones sociales establecidas. Siendo así las cosas, resulta evidente, y lo constata el TJUE (41), que el citado deber de transparencia “no se refiere expresamente ni a los accionistas ni a la junta general de accionistas”. A tenor de este dato, y vistas las observaciones escritas presentadas por ciertas instituciones (los Gobiernos letón y polaco, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europa) al procedimiento que nos ocupa (41), “los accionistas de una sociedad no son nombrados ni cesados”, a diferencia de los administradores, representantes y miembros de los órganos de administración, dirección y control de la sociedad.
En tal sentido, el estatuto de los accionistas (41) “se deriva únicamente de su participación en el capital de la sociedad, a saber, de su derecho de propiedad sobre acciones emitidas por dicha sociedad”. Por tal motivo se distingue nítidamente del estatuto correspondiente a “las personas designadas para formar parte de los órganos de administración y de dirección de dicha sociedad y para representarla en sus relaciones con terceros”.
La respuesta no se altera si se pasa a considerar el papel de la junta general, como órgano igualmente relevante de la sociedad. Y aunque dicho órgano disfruta de varias e importantes competencias que le permiten adoptar decisiones relevantes para la sociedad, no tienen (42) “la misma naturaleza que las facultades ejercidas por los órganos de administración y de dirección de la sociedad, de modo que ni los actos de la junta general ni, a través de ella, los de sus miembros pueden calificarse de <> en el sentido del artículo 14, letra d), inciso ii)” de la directiva 2017/1132.
Nada obsta a lo dicho que el precepto citado últimamente imponga (43) “la publicación de la escritura de constitución y de los estatutos de la sociedad anónima”, ya que ningún precepto de la directiva 2017/1132 “exige expresamente la publicación en caso de modificación posterior de la composición del accionariado de dicha sociedad”.
Estas consideraciones, dirigidas (45) a “garantizar la seguridad jurídica en las relaciones entre las sociedades y los terceros”, sirven, en igual forma, para las relaciones comerciales transfronterizas (45), “como consecuencia de la creación del mercado interior”. Con esta orientación, “es importante que toda persona deseosa de establecer y mantener relaciones comerciales con sociedades radicadas en otros Estados miembros pueda fácilmente tomar conocimiento de los datos relativos a la constitución de las sociedades mercantiles y a los poderes de las personas encargadas de representarlas”, lo que requiere la constancia de los datos pertinentes en los correspondientes registros.
La conclusión es, entonces, clara, y en tal sentido afirma el TJUE que (46) “la publicación de datos relativos a todos los accionistas de sociedades anónimas y, en particular, a sus accionistas minoritarios no parece ser útil a la luz del objetivo de protección de os intereses de terceros y de seguridad jurídica, por lo que no puede justificarse por dicho objetivo”. De este modo, procede responder a la cuestión prejudicial planteada (47) “que el artículo 14, letra d), de la Directiva 2017/1132 debe interpretarse en el sentido de que no exige la publicación de información sobre todos los accionistas de las sociedades a las que se refiere dicha disposición, incluidos los accionistas minoritarios de tales sociedades”.
Por su parte, las dos cuestiones prejudiciales relativas al tratamiento de datos personales son analizadas conjuntamente por el TJUE dada la estrecha relación entre sus particulares contenidos. Como punto de partida, se señala en la sentencia que (50) “todo tratamiento de datos personales debe, en particular, cumplir los principios relativos al tratamiento de dichos datos establecidos en el artículo 5 RGPD y satisfacer las condiciones de licitud enumeradas en su artículo 6”.
En primer lugar, y con arreglo al citado art. 5 (51), “los datos personales deberán tratarse de manera lícita, legal y transparente en relación con la persona interesada”. A su vez, tales datos (52) “deben, por un lado, ser recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos y, por otro lado, no ser tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines”. Por último, y también sobre la base del art. 5, los datos en cuestión (53) “deben ser también adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Este principio es un reflejo del principio de proporcionalidad”.
En punto a la licitud del tratamiento de datos, esta sólo se producirá (55) “si el interesado dio su consentimiento para uno o varios fines específicos”. Y ello, sin perjuicio de que, en caso de falta de consentimiento (55), “tal tratamiento puede estar, no obstante, justificado cuando cumple alguno de los requisitos de necesidad mencionados en el art. 6…RGPD”.
A la vista de lo planteado en el litigio principal, y con arreglo, igualmente, a lo expuesto por el Abogado General, el problema planteado (58) “debe examinarse a la luz del art. 6…RGPD, según el cual un tratamiento es lícito en la medida en que sea <>”. Dicho asunto, por lo demás, deberá basarse (59) “en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros… y las finalidades del tratamiento deben quedar determinadas en dicha base jurídica”.
Es cierto (60) “que los derechos fundamentales al respecto de la vida privada y a la protección de los datos personales, garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta, no constituyen prerrogativas absolutas, sino que deben considerarse según su función en la sociedad y ponderarse con otros derechos fundamentales”. Cabe, entonces, la posibilidad de que se introduzcan limitaciones (60) “siempre que, de conformidad con el articulo 52… de la Carta, sean establecidas por la ley, respeten el contenido esencial de los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad”.
Esta última magnitud (61) “exige el respeto de las exigencias de idoneidad y necesidad, así como la relativa al carácter proporcionado de dichas medidas en relación con el objetivo perseguido”. De manera más concreta (62), “las excepciones a la protección de datos personales y las limitaciones de esta última operan dentro del marco de lo estrictamente necesario, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas para la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, deberá recurrirse a la menos onerosa”. No deben excluirse, en cualquier caso (63), “los riesgos del abuso”.
Como corresponde al TJUE, cuando resuelve alguna cuestión prejudicial (66), proporcionar a órgano jurisdiccional que la planteó “todos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que puedan resultar útiles para enjuiciar el asunto”, resulta necesario declarar (67) que “la comunicación de datos personales a terceros, incluida la puesta a disposición de tales datos, constituye una injerencia en los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta, cualquiera que sea la utilización posterior de la información comunicada”. Es obligado, por tanto, (68) “medir la gravedad de dicha injerencia”.
A este respecto, conviene tener en cuenta los datos, personales y societarios, de los accionistas puestos a disposición del público que permiten (70) “elaborar un perfil sobre, entre otras cosas, la situación patrimonial del interesado y sobre los sectores económicos y empresas específicos en los que invierte”. Además, es imprescindible darse cuenta de que los datos puestos a disposición del público se hacen accesibles (71) “a un número potencialmente ilimitado de personas”, dado que, entre otras cosas, pueden consultarse en Internet. Por ello (72), los datos no sólo pueden ser “consultados, sino también conservados y difundidos, y, en caso, de tales tratamientos sucesivos, se hace aún más difícil para esas personas, incluso ilusorio, defenderse eficazmente contra abusos”.
La conclusión es, entonces, obvia (73): la puesta a disposición de los datos constituye “una injerencia grave” en los derechos de los accionistas afectados.
Hay, no obstante, algunos matices más que el TJUE tiene en cuenta en la sentencia que nos ocupa. Se trata de saber si la normativa nacional (de Letonia), objeto de consideración en el litigio principal (74), “cumple las exigencias de idoneidad y necesidad, así como la relativa al carácter de proporcionado de dicha medida”. Por lo que al primer aspecto se refiere, y con vistas al logro de un entorno empresarial transparente, objetivo de la legislación letona en la materia, entiende el TJUE que (76) “la publicación de datos relativos a todos los accionistas de una sociedad anónima y, en particular, a los accionistas minoritarios de esta no parece tener utilidad alguna para este objetivo”.
Desde el punto de vista de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tarea que incumbe (79) “prioritariamente a las autoridades públicas y a entidades como las entidades de créditos o las entidades financieras a las que, por razón de sus actividades, se imponen obligaciones específicas en la materia”, tampoco se justifica la puesta a disposición de cualquier persona de los datos de los accionistas minoritarios, los cuales (82) “no tienen la condición de titulares reales de la sociedad de la que poseen una parte del capital social”.
No conviene ignorar, como indicó el Tribunal Constitucional letón (83), “que el Registro Mercantil Nacional, que es el responsable del tratamiento, puede no estar en condiciones de comprobar si cada solicitante de información tiene efectivamente un interés legítimo en acceder a los datos personales de que se trata”. Tal constatación no demuestra (83) “el carácter estrictamente necesario de una injerencia en los derechos fundamentales garantizados por la Carta”.
Si, desde otro punto de vista, se utiliza el criterio de la ponderación (84) “entre, por un lado, el objetivo de interés general perseguido y, por otro lado, los derechos fundamentales en cuestión”, aquel objetivo (84) “no puede prevalecer, en el presente asunto, sobre dichos derechos, había cuenta de la naturaleza de la gravedad de la injerencia”, a la que ya se ha hecho alusión.
Al no haber, entonces, garantías suficientes, por parte de la regulación del Derecho letón antes indicada (85), “que permitan proteger eficazmente a las personas afectadas contra los riesgos de abuso”, debe concluirse que (86) “una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal no parece ni necesaria ni proporcionada en relación con el objetivo de que se trata”.
Sobre la base de todo lo expuesto (92) “procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta [relativas al tratamiento de datos personales] que los artículos 5 y 6 RGPD, en relación con los artículos 7 y 8 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que obliga a poner a disposición del público datos personales de todos los accionistas de sociedades anónimas, incluidos los accionistas minoritarios”, con el detalle y el contenido que ya ha habido ocasión de indicar.
Sin caer en exageraciones, me parece necesario destacar la extraordinaria importancia de la sentencia del TJUE, aquí sintéticamente expuesta en sus principales aspectos. Así sucede, desde luego, en lo que atañe a la interpretación del Derecho relativo a la protección de datos, cuyo análisis por dicho tribunal se lleva a cabo con un gran rigor, en el que la prudencia, por un lado, y el propósito de encontrar las verdaderas claves del asunto, por otro, se combinan en el fallo con una claridad y equilibrio realmente admirables.
Pero, sin perjuicio de lo que antecede, me atrevería a señalar que esa importancia no disminuye desde la perspectiva del Derecho de sociedades. Es más, esta disciplina jurídica, en lo que atañe a las reglas europeas, debidamente incorporadas a los ordenamientos de los Estados miembros, constituye el punto de partida de la sentencia por la evidente razón de que el litigio principal tenía una indiscutible naturaleza societaria. De este modo, la toma en consideración por el TJUE de una serie de preceptos de la directiva 2017/1132 le ha llevado a la conclusión de que resulta por completo injustificada la publicación de los datos relativos a los socios -todos los socios, conviene reiterarlo- en el Registro mercantil, tal y como sucedió en Letonia con arreglo a lo dispuesto en diversas piezas normativas de su ordenamiento jurídico.
He afirmado antes, y lo repito ahora, que esta solución era previsible, teniendo en cuenta el tenor literal de la indicada directiva y, por supuesto, el sentido y fin de la armonización jurídica llevada a cabo en la Unión europea en lo que atañe al Derecho de sociedades. De lo que se trataba en las dos primeras directivas -antes mencionadas- y, por supuesto, en la directiva 2017/1132, es de dar publicidad a las personas encargadas de la administración y dirección de las sociedades afectadas (todas las de capital) por razón de seguridad jurídica y en garantía de los terceros que contraten con la sociedad. Ni el Derecho europeo dice nada de los socios a los efectos de tal publicidad ni por razón de los indicados objetivos se justifica su mención en el Registro mercantil. Debe tenerse en cuenta, además y como subraya el TJUE, que se trataba de socios minoritarios, es decir, ajenos por completo a la titularidad real de la sociedad y sin posibilidad alguna de poseer su control.
Con todo, esa naturaleza societaria del litigio principal no podía considerarse exclusiva, ya que la difusión de los datos relativos a los socios, establecida en el ordenamiento jurídico de Letonia, incidía de lleno en los derechos fundamentales de tales sujetos y, por consiguiente, en la normativa sobre protección de datos personales. Por eso, la segunda parte de la sentencia, la relativa a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, se centra de lleno en tales asuntos y toma en consideración los caracteres y las circunstancias del tratamiento de datos a fin de determinar si en el caso enjuiciado puede hablarse de una auténtica injerencia en los derechos de los socios.
Antes he destacado el notable cuidado con el que el TJUE ha ido desgranando los diferentes elementos relevantes a tal efecto; y resulta necesario reiterarlo. Habiéndose afirmado, así, que se producía en el caso lo que se denomina “tratamiento de datos”, la consideración de los distintos supuestos y de las cualidades que han de atribuirse a dicho tratamiento para que se considere lícito, el TJUE llega a la conclusión de que la indudable injerencia en los derechos de los socios reviste una notable gravedad, sin que pueda considerarse justificada y proporcionada con arreglo al interés público. Un factor determinante para llegar a tal calificación es la posibilidad, sin duda indiscutible, de que los datos publicados alcancen una difusión extraordinaria por ser accesibles “a un número potencialmente ilimitado de personas”, como de manera literal se dice en la sentencia.
Y todo ello, como también se advierte en el fallo, sin perjuicio de que el Registro mercantil -responsable del tratamiento- pueda “no estar en condiciones de comprobar si cada solicitante de información tiene efectivamente un interés legítimo en acceder a los datos personales de que se trata”.
No cabe, por lo expuesto, sino refrendar las conclusiones establecidas por el TJUE y, en consecuencia, el modo de resolver las cuestiones prejudiciales que le planteó en su momento el Tribunal Constitucional de Letonia. De este modo se ha conseguido reafirmar no sólo lo que constituye elemento central del Derecho europeo de sociedades, sino que, en igual forma, se ha abierto paso una interpretación ponderada del tratamiento de datos personales en la órbita societaria susceptible de informar y modular intentos, presentes o futuros, de regulación de la materia en los Estados miembros y, en la propia Unión europea,
Desde la perspectiva española, la sentencia aquí examinada deja algunas importantes enseñanzas, sobre todo a la vista del Proyecto de Ley de Integridad Pública, en el que se mantienen, como es sabido, las características fundamentales, así como numerosas cuestiones de detalle, que dieron lugar a una intensa crítica doctrinal de su precedente Anteproyecto y que se centraban, en lo que ahora interesa, en la nueva regulación de la transmisión de las participaciones sociales de las sociedades de responsabilidad limitada. Algunos de los asuntos analizados -y censurados- en la sentencia del TJUE comparecen en diferentes apartados del Proyecto y adquieren especial relieve a propósito de la publicación de los datos personales de los socios pertenecientes a dicho tipo societario. No conviene olvidar, al mismo tiempo, que en el Proyecto se atribuye al Registrador mercantil competente la facultad para determinar si en el solicitante de información concurre interés legítimo, y, sin perjuicio de todos los matices que se quiera, resulta razonable dudar de que pueda disponer de la información y de los criterios idóneos a tal efecto.
La reciente convocatoria de elecciones para el día 29 de noviembre del presente año permite dudar razonablemente de la continuidad de ese Proyecto y de su tramitación parlamentaria. Pero si, en el inmediato futuro, una vez resuelto el trámite electoral, volviera a plantearse la posibilidad de una regulación equivalente, sería no sólo recomendable, sino del todo necesario prestar atención a lo establecido por el TJUE en la sentencia examinada en el presente commendario, cuyos argumentos fundamentales habrán de ser tenidos en cuenta a fin de poner en consonancia nuestro propio ordenamiento con la realidad jurídica de la Unión europea.