La transposición al Derecho español de la Directiva 2007/36/CE, sobre derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, sigue considerándose hoy como una de las reformas más importantes de la LSC desde su entrada en vigor. La obligación de las sociedades de contar con páginas webs, que asumimos hoy como mecanismo habitual en el ámbito societario, es fruto, por ejemplo, de dicha directiva.
La Comisión Europea, en abril de 2014, presentó una Propuesta para reformar la Directiva de derechos, con el objetivo, nuevamente, de implicar más a los accionistas en la gobernanza de las sociedades cotizadas y superar algunas deficiencias de gobierno corporativo. Se anuncian, como objetivos específicos, la mayor implicación de los inversores institucionales y los gestores de activos, la mejora de la relación entre las funciones de los administradores y su remuneración, el control de los socios sobre las remuneraciones y sobre las operaciones vinculadas de los insiders, la regulación de los proxy advisors; o el acceso a la identificación de los accionistas.
La Propuesta se encuentra en una fase avanzada, siendo de esperar que su transposición al Derecho nacional comience a gestarse en el próximo año. La eventual reforma de la LSC planteará a los prácticos del Derecho interesantes desafíos relacionados con “nuevos” sujetos y resurgirán temas de gran relevancia, muchos de los cuales trascienden el ámbito de las sociedades cotizadas: los deberes de los socios de control; la extracción de beneficios privados en perjuicio de la minoría; las operaciones intra-grupo; el deber de lealtad de los administradores en los grupos; la remuneración ajustada de los directores y el control de los socios, o la identificación de los accionistas y la protección de datos de carácter personal.